Querétaro, Querétaro a 27 de junio 2017.- Como parte de la suma de esfuerzos, la coordinadora de la Comisión Permanente de Contralores Estado- Federación, región Centro Pacífico, Silvia Estrada Esquivel, acompañó al contralor de Querétaro, Alfonso Chávez Fierro, a la instalación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) de esta entidad federativa, el cual tiene por objeto representar la voz de los ciudadanos para prevenir, detectar y sancionar responsabilidades administrativas y hechos de impunidad.
En el evento que tuvo como sede el Teatro de la República, el cual estuvo encabezado por el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, se contó con la presencia de los representantes de los tres poderes de esta entidad federativa, en donde la titular de la Secretaría de Contraloría de Michoacán (Secoem) escuchó el llamado a los ciudadanos a reflexionar, analizar y proponer para atacar de raíz el fenómeno de la corrupción.
“A nivel nacional, Querétaro tiene la oportunidad de ser el primer estado del país en lograr la instalación integral e implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, ejemplo a seguir para nuestra entidad Michoacana, que se encuentra en la tarea de diseñar, promover y evaluar las políticas públicas de combate contra la corrupción, siendo éste uno de los ejes centrales del gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien junto a su administración pública estatal se ha comprometido a enterrar para siempre el flagelo de la corrupción y el SEA representa un esfuerzo desde las instituciones para alcanzar ese objetivo”, subrayó Estrada Esquivel.
Por lo que, reconoció el trabajo realizado por los integrantes de la LXXIII Legislatura de Michoacán para dar pie a la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción, ley que ya fue aprobada y sólo faltan tres leyes secundarias que se estima se sometan al pleno del Congreso Local en la primer semana de julio.
Ante el hecho memorable para Querétaro, la funcionaria Silvia Estrada Esquivel resaltó que Michoacán debe seguir dando pasos firmes para consolidar un gobierno moderno que garantiza la eficacia y la eficiencia de las instituciones, un gobierno abierto que diseña, implementa y evalúa sus acciones de la mano de la sociedad, y un gobierno íntegro en el que los servidores públicos trabajan siempre dentro de la legalidad y una ética pública ejemplar.
