Carece de certificación, más del 47 por ciento del personal de los centros de detención: CEDH

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Aida Espinosa 

 

Los Centros de Detención en Michoacán, han incumplido con los parámetros básicos para su funcionamiento, por lo que se han enviado las observaciones necesarias para que atiendan las carencias, informó el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Marco Antonio Tinoco Álvarez.

Durante la presentación del Informe Especial de los Centros de los Centros de Detención Preventiva, el ombudsperson refirió que en las agendas de derechos humanos de los municipios, no se atienden los 17 parámetros marcados en la agenda internacional, por lo que urgió a que se trabaje en este tema, que está incluido en la ley.

Y es que refirió que el 47.8 por ciento de los trabajadores en los centros, no cuentan con la certificación requerida para operar, además de que solo el Centro de Retención y Resguardo para Personas Infractoras del municipio de Zitácuaro, cuenta con su reglamento.

Asimismo, refirió que de 2017 a 2023, se registraron 690 personas detenidas lesionadas por diversas causas, así como 13 decesos.

Señaló que solo el municipio de San Lucas carece de un centro de detención, por lo que urgió a este y al resto de los municipios, a cumplir con lo estipulado en la norma, y así crear una agenda conjunta de derechos humanos.

“Es muy importante que todos los planes de desarrollo municipal y de los estados, tengan como base los 17 objetivos de desarrollo sostenible, y la agenda 20 30. Ningún plan de Desarrollo Municipal puede estar fuera de ese estándar, obviamente tenemos que poner nuestros indicadores y el dinero que le vamos a invertir a cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible. Seguramente eso nos hará trabajar de manera más programática, con un plan más adecuado, para llegar al estándar”, mencionó.

Con los resultados obtenidos, dijo, se pudieron enviar las recomendaciones a estos espacios, entre las que destacan la implementación de un orden jurídico para los 113 municipios, que regule el tratamiento de las personas privadas de su libertad a causa de fracciones administrativas, así como mejorar su infraestructura, y garantizar un trato apegado a derechos humanos para todas las personas.

De igual forma, se solicitó la creación de espacios exclusivos para hombres, mujeres y personas de la comunidad LGBT, así como adultos mayores, y reforzar las condiciones de higiene y limpieza.