PLANTEA ERNESTO NÚÑEZ REFORZAR JURÍDICAMENTE FIGURA DEL EXHORTO LEGISLATIVO

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    • Obtener un verdadero resultado para la correcta fiscalización de las acciones del gobierno o de las diversas autoridades, el objetivo
    •  Propone también la aplicación de sanciones administrativas a autoridades omisas

    Morelia; Michoacán, 07 de noviembre de 2018.- Con el propósito de dotar a la figura del exhorto un marco jurídico mayor para la correcta fiscalización de las acciones del gobierno o de las diversas autoridades, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ernesto Núñez Aguilar, presentó una propuesta de varias reformas a legislaciones locales.

    Iniciativa con proyecto de decreto que plantea modificaciones a las leyes Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, y la de Responsabilidades Administrativas del Poder Legislativo, a fin también de garantizar que el trabajo realizado en el seno de las instancias, de cualquier nivel de gobierno, aporte a la construcción de un Estado Democrático.

    “Más que la realizar un pronunciamiento por parte de las y los diputados, sin un seguimiento o un resultado preciso, la autoridad tiene el deber y obligación de responder o manifestarse al respecto. No minimizar ni hacer caso omiso a los comentarios vertidos en la máxima tribuna del Estado”.

    El líder parlamentario del PVEM consideró que para cumplir con las funciones del Legislativo es necesaria la colaboración de otros poderes, y en caso de la omisión por parte de la autoridad señalada, aplicar sanciones con el objetivo de hacer realmente funcional a la figura del exhorto”.

    “Se propone que dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios tendrán un término de 30 días hábiles para responder sobre la viabilidad de llevar a cabo, o no los exhortos que deriven de un punto de acuerdo, o de lo contrario se fincarían sanciones no graves a funcionarios responsables de áreas”.

    Núñez Aguilar refirió referir que el Congreso es el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular y que, además de crear leyes, también tiene como mandato controlar y fiscalizar la acción del gobierno.

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