NO EXISTE REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA ADECUADA A QUIENES INCURREN EN VIOLENCIA FAMILIAR: TONY MARTÍNEZ

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    -Necesario facultar al Ministerio Público de herramientas para otorgar medidas preventivas a favor de las víctimas

     

    México carece de una rehabilitación psicológica adecuada a las personas que han incurrido en el delito de violencia familia, por lo que no existe la prevención adecuada que les ayude a no reincidir en dicha conducta, subrayó el diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Norberto Antonio Martínez Soto.

    El diputado por el distrito de Hidalgo remarcó la necesidad de facultar al ministerio público de fuero común, de herramientas legales para garantizar se otorguen las medidas preventivas en favor de las víctimas y de este modo, evitar existan consecuencias mayores en casos de violencia familiar.

    “Entendemos que la violencia doméstica es un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la amenaza de abuso físico; también puede incluir abuso psicológico repetido, ataque sexual, aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica”.

    Tony Martínez Soto refirió que ante este contexto, presentó en marzo de 2019 una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para otorgar las facultades al ministerio público que le permitan solicitar las medidas preventivas necesarias para salvaguardar la integridad de las víctimas, así como brindar atención psicológica a los infractores de dicho tipo penal.

    Tomando como referencia la estadística del INEGI, el legislador apuntó que en Michoacán se encuentran índices muy elevado de violencia contra la mujer en el ámbito familiar, esto en comparación con los otros estados, especialmente con la Ciudad de México.

    Subrayó que por mandato constitucional las autoridades están obligadas a colaborar en la creación de condiciones que permitan lograr el mayor bienestar, proporcionar orientación, asistencia jurídica y atención psicológica para la disminución progresiva de la violencia y, con ello, mejorar la calidad de vida de las familias de manera permanente.

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