EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEBE SER COMPROMISO DE TODOS Y SIN TINTES POLÍTICOS: PRD

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    • En la Cuarta Transformación el tema sólo ha quedado en discurso: Juan Bernardo Corona

    •  El gobierno federal sigue adjudicando contratos de manera directa señala el IMCO

    •  En Michoacán, el gobierno del PRD está dando resultados
     

    Morelia, Michoacán, a 09 de Diciembre de 2019.-  El Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Partido de la Revolución Democrática (PRD)  fijó su postura respecto al combate a la corrupción, del cual es un tema que sociedad y gobierno deben asumir,  pero sin tintes políticos.

    Juan Bernardo Corona, Presidente del CEE-PRD, expuso que la corrupción  es un flagelo que limita el desarrollo económico y social en todas las naciones, por lo que de manera conjunta desde la ciudadanía y los diversos órdenes de gobierno debe  frenarse y adoptar prácticas que rompan con  las corruptelas.

    Corona Martínez afirmó que una de las banderas de MORENA y la Cuarta Transformación, fue precisamente terminar con la corrupción sin embargo, ha quedado sólo en el discurso, ya que de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO), hasta noviembre de 2019, CompraNet reportó que la Administración Federal actual adjudicó de manera directa el 77 por ciento de sus contratos.

    Este porcentaje es superior al de sexenios anteriores, ya que entre 2010 y 2018, el promedio de contratos adjudicados de manera directa fue de 72 por ciento.

    Otro de los retos de la Federación es el fortalecimiento de las instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción con un mayor presupuesto y dotar de mayor independencia a las entidades encargadas del combate a la corrupción.

    En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, Corona Martínez, dijo que contrario a lo que ocurre a nivel Federal, en Michoacán, un gobierno emanado del PRD, se está avanzando en la consolidación de una estructura pública, transparente y eficiente, y por otra parte, la Secretaría de la Contraloría  ha continuado con los procesos administrativos y legales en contra de quienes han dañado el patrimonio del Estado.

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